Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón en el caso Carvajal Carvajal y otros

En el marco de la celebración de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tiene lugar en la ciudad de Cartagena (Bolívar), el Estado de Colombia realizó el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en el caso de Nelson Carvajal Carvajal y otros, atendiendo a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 13 de marzo de 2018.

En el Acto, que hace parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, reconoció la responsabilidad internacional del Estado por los hechos ocurridos el 16 de abril de 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuando el periodista y exconcejal Nelson Carvajal Carvajal fue asesinado por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión en el municipio de Pitalito, Huila, donde realizaba periodismo de investigación en relación con hechos de corrupción política, lavado de dinero del narcotráfico y tráfico de armas en la zona.

Adicionalmente, la Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía Hernández, hizo entrega a los familiares de una placa en memoria de Nelson Carvajal Carvajal, en la que se exaltan sus méritos profesionales y su loable tarea en la denuncia de actos de corrupción. El acto contó, además, con la participación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza; la Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez; la Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy; familiares de la víctima, autoridades del nivel nacional y local, así como periodistas y comunicadores sociales de todo el continente.

El Estado colombiano lamenta profundamente los hechos de este caso y reitera su compromiso con la protección y garantía al ejercicio de la labor de periodistas y comunicadores sociales, por lo que condena cualquier acto de agresión en contra de la libertad de expresión en el país, con miras a que estos lamentables hechos no se repitan.