Seguimiento a la política pública

Los Indicadores de Coordinación hacen parte del sistema integral de seguimiento y evaluación que debe coordinar la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como se ordena en el decreto 1084 de 2015 en su artículo 2.2.8.3.8. Su diseño y aplicación está a cargo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y la misma Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las anteriores entidades conforman la mesa técnica responsable del desarrollo de la batería de indicadores de coordinación, con la que se medirán los niveles de coordinación de las entidades nacionales y territoriales, en el diseño, la implementación y seguimiento de la política pública de víctimas.

 

El propósito de medir el nivel de coordinación se centra en evaluar el estado actual de la articulación existente entre las entidades nacionales y territoriales en su gestión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima. En este sentido, los indicadores son el mecanismo de seguimiento que expone el panorama nacional y territorial en términos de coordinación, por medio de los que se podrá evidenciar las falencias, los avances, y retrocesos, existentes en términos de coordinación en los diferentes niveles, lo cual permitirá realizar alertas para que las entidades mejoren su gestión en el sus responsabilidades establecidas en los diferentes instrumentos legales y jurisprudenciales.

El objetivo de la certificación territorial es medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios al goce efectivo de los derechos de las víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.

 

Su alcance se enmarca en identificar, evidenciar y reconocer cuáles son los avances, fortalezas, debilidades y necesidades de las entidades territoriales frente a las disposiciones de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en cada vigencia, de modo que desde el Gobierno Nacional se pueda asistir a las autoridades locales y regionales y definir dónde se debe priorizar y focalizar las acciones que beneficien a la población víctima. 

 

En cuanto al objeto de medición, son las acciones que adelantan las entidades territoriales para cumplir e implementar la Ley de Víctimas en el municipio o departamento, en cada vigencia. Estas acciones hacen referencia a competencias directas que contribuyen a la garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas.