Estudio de Uniandes muestra que política de restitución de tierras redujo la violencia y mejora las condiciones de seguridad de los territorios

La investigación fue liderada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y evidenció que la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en los territorios de la mano de la Fuerza Pública redujo la violencia y mejoró la calidad de vida de las víctimas con la presencia institucional.

Los autores del estudio son la directora del CESED, María Alejandra Vélez, el profesor de la Escuela de Gobierno, Mauricio Velásquez, y el investigador Lucas Marín Llanes, quienes analizaron la disminución de la violencia en los territorios intervenidos a través de la Política de Restitución de Tierras y la seguridad como uno de los componentes centrales de la misma.

“Encontramos que la intervención de la política de restitución de tierras evitó el crecimiento de la tasa de asesinatos de líderes sociales en 2.1 veces desde el cese al fuego con las Farc. A partir de 2015 se empezó a ver una disminución en los asesinatos de líderes sociales en los municipios que fueron intervenidos por la política de restitución y ese efecto está concentrado en los municipios en donde la institucionalidad llegó con más presencia en los territorios”, explicó el analista Marín. En ausencia del programa, el cese al fuego no sería suficiente para reducir los asesinatos y la violencia, sostiene la investigación.

Agregó que este resultado se explica por la combinación del desescalamiento del conflicto, la retirada de los grupos que ejercían control y la llegada efectiva de los servicios Estado en esos territorios. “Nuestros resultados sugieren que en las intervenciones de política pública que se hagan en los municipios marginados y afectados por el conflicto armado es fundamental tener en cuenta un enfoque de seguridad y de inteligencia antes de la intervención para poder garantizar la estabilización de los territorios”, dijo el experto.  

Formalización y restitución mejoran condiciones de vida

En su metodología analizaron la inscripción en el Registro de Tierras pues ese es el momento clave en que el Estado empieza la intervención del territorio, tanto con presencia institucional como con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el actual gobierno se han inscrito 9.202 casos y en la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras un total de 31.671.

Entre los municipios en donde se ha visto la transformación de los territorios y que se incluyen en los que tienen el mayor número de solicitudes inscritas en el Registro son: Valle del Guamuez, Putumayo; Ataco, Tolima; El Tablón de Gómez, Nariño; Valencia, Córdoba; El Carmen de Bolívar, Bolívar y San Carlos, Antioquia, entre otros.

Otra de las principales conclusiones es que se demostró que la formalización de los derechos de propiedad y la política de restitución mejoran las condiciones socioeconómicas de los hogares, aumentan la confianza entre miembros de la comunidad y reducen las dinámicas asociadas a economías ilícitas y de violencia.

Además, concluyó que la intervención de la política contribuyó a generar mejores condiciones de seguridad puesto que las instituciones del Estado hicieron mayor seguimiento a los territorios intervenidos. En ese sentido, las relaciones de las comunidades con las instituciones mejoraron porque las víctimas empezaron a percibir que la institucionalidad “está de su lado”.

Por su parte, el Coordinador de Seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras, Danny Usma, ratificó el compromiso de la Fuerza Pública que siempre ha estado presente como aliado fundamental de esta política desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011.

Uno de los retos es la consolidación de la seguridad en los territorios antes, durante y después del proceso de restitución de tierras y en eso la Fuerza Pública ha venido haciendo muy bien la tarea en las zonas restituidas.

“La integralidad de esta política y lo aprendido en su diseño, el cual incluyó, entre otras, un análisis de seguridad y una coordinación institucional sin precedentes, deberían ser adoptados por todas las políticas del Estado que intervengan los territorios afectados por el conflicto”, puntualizó el estudio.