Con el reporte de importantes logros, Unidad para las Víctimas rindió cuentas de su gestión en el año 2020

Uno de los resultados más importantes del trabajo realizado durante la vigencia 2020 fue la sanción de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021 con la que se prorrogó por 10 años más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Este fue destacado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 en la que el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, y su equipo de trabajo dieron a conocer desde el Putumayo los resultados de la labor realizada en un año complejo especialmente por el impacto del covid–19.

El director de la entidad indicó que el Registro Único de Víctimas (RUV), una de las herramientas más robustas de su tipo, ha permitido el acceso de las víctimas a las medidas de atención, asistencia y reparación integral. “El registro permite la identificación de la población víctima para focalizar la política pública de atención a víctimas a sus destinatarios reales”, señaló. Durante 2020 se recibieron un total de 50.448 solicitudes y a la fecha se encuentran incluidas un total de 9,165,126 de víctimas.

Principal actor humanitario

De igual manera, la entidad, siendo el principal actor humanitario del país coordinó de manera efectiva la atención humanitaria. Ejemplo de esto fue la entrega durante 2020 de 670.146 giros a 469.531 hogares víctimas de desplazamiento forzado por valor de $ 401.292.672.290. Así mismo, se entregó ayuda humanitaria en dinero por hechos distintos al desplazamiento a 4.235 hogares, por valor de $5.314.930.990, y en especie a 8.584 hogares, por valor de $6.344.815.762.

La reparación integral

La indemnización administrativa es una de las medidas de la reparación integral. En ese sentido, aseguró Rodríguez, la entidad avanzó con una ejecución del 100 % de los recursos asignados para la vigencia 2020: “otorgamos un valor total de $937.861 millones, que corresponden a 116.125 giros realizados en todo el territorio nacional”. Añadió que se implementó la ruta de priorización para llegar a quienes más lo requieren, es por eso por lo que “se ajustó la edad de 74 a 68 años para avanzar en las metas”.

La Unidad para las Víctimas tiene identificadas 27.000 víctimas que viven en el exterior, la cuales se encuentran en al menos 43 países. Con corte a 2020, 2.532 víctimas en el exterior habían sido indemnizadas.

En cuanto a la reparación colectiva, Ramón Rodríguez indicó que “para la entidad uno de los principales retos ha sido la implementación de un modelo que permita caracterizar los daños a las comunidades y diseñar acciones que permitieran su superación”.

A la fecha hay 792 sujetos de reparación colectiva incluidos en el RUV. En 2020 se logró el cumplimiento del 100 % de las acciones reparadoras de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) con 12 sujetos. Adicionalmente se entregaron bienes de uso colectivo y se apoyaron proyectos agropecuarios y de infraestructura social y comunitaria con 42 sujetos de reparación colectiva, con una inversión de $7.307 millones. “Es importante aclarar que la reparación colectiva es una de las principales acciones de implementación del Acuerdo de Paz y de las iniciativas PDET”, añadió Rodríguez.

Durante la audiencia pública también se mencionó la importancia de la recuperación emocional. De acuerdo con los datos entregados, al cierre de 2020, 256.120 víctimas habían recibido atención psicosocial en el marco del acceso a la medida de reparación.

Participación

En el 2020 la Unidad para las Víctimas desplegó una serie de acciones para recopilar propuestas provenientes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas para lo cual creó espacios de trabajo constante donde se socializaron los avances y hubo diálogos que permitieron el fortalecimiento de la participación.

Así, se desarrolló el Gran Diálogo con las Víctimas en Tiempos de COVID-19, en el que participaron las 32 mesas departamentales y la distrital de Bogotá. Resultado de los diálogos, la entidad asumió 328 compromisos que se cumplieron en su totalidad. Por otra parte, se realizó el lanzamiento de la estrategia de Participaz con Legalidad. Hoy se cuenta con cerca de 1.101 mesas de participación efectiva en las que las víctimas ejercen su derecho a la participación y en donde lideran espacios de inclusión para hacer incidencia en el cumplimiento de sus derechos.

Retornos y reubicaciones

En materia de retorno y reubicación de víctimas de desplazamiento forzado se colocaron 1.426 giros para el apoyo al transporte y traslado de enseres por valor aproximado de $1.878.001.290 a hogares que solicitaron acompañamiento para su regreso. Así mismo, para el apoyo a la sostenibilidad se entregaron 9.560 giros por valor de $ 4.852.932.000.

Por otra parte, la articulación entre el nivel nacional y territorial, las administraciones municipales y los cooperantes permitió la entrega de 2.397 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar con una inversión aproximada de $13.681.385.884 para unidades de negocio de generación de ingresos de los hogares y 344 de acompañamiento comunitario.

Una de las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque es el retorno de las familias y es por eso por lo que en 2020 se logró que 41.589 víctimas se instalaran de nuevo en sus territorios, reubicaran o integraran localmente.

Asuntos étnicos

Los avances en la vigencia 2020 corresponden a la reivindicación de los derechos y la atención a los grupos étnicos, pueblos y comunidades indígenas, el pueblo Rrom o gitano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en torno al territorio, la identidad cultural y la autonomía y gobierno propio a partir de la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. En ese sentido se protocolizaron dos sujetos colectivos étnicos, se efectuaron 25 instalaciones de consulta previa, se logró la inclusión de la Política Pública de Víctimas Étnicas en los Planes de Desarrollo, entre otros.

La entidad continúa trabajando para garantizar la participación de las víctimas y asegurar la materialización de sus derechos.