En Caquetá justicia admite demanda para restablecer derechos territoriales de pueblos indígenas Piapoco, Macuna y Huitoto

Los pueblos Piapoco, Macuna y Huitoto, agrupados en el Colectivo Rotigoeo Uruk, de la mano de la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Caquetá, avanzan en la recuperación de 113.705 hectáreas ubicadas en zona rural del municipio de Solano en este departamento, las cuales corresponden a su territorio ancestral.

Así lo confirma la admisión de la demanda y el decreto de medidas cautelares por parte del Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras en Caquetá, una vez analizada la documentación presentada y la determinación del riesgo inminente de desaparición de esta comunidad indígena.

Son en total 63 personas las que han logrado sobrevivir a varios hechos de violencia que van desde la esclavitud a la que fueron sometidos por las empresas caucheras que operaron en la zona en los años setenta, hasta la arremetida violenta por el control territorial y las economías ilícitas que lideraron los grupos de guerrilla que han operado históricamente en la zona y que en esta región se intensificó en los años noventa.

A los sucesos mencionados, se suma la deforestación que se vivió en la zona entre los años 2000 y 2003, la cual se enfocó a la comercialización de madera y el impulso de actividades mineras ilegales. Estos hechos llevaron al Colectivo Rotigoeo Uruk a pronunciarse ante los grupos violentos, quienes silenciaron a la comunidad mediante amenazas y hostigamientos.

La violencia recurrente contra los pueblos atentó de manera flagrante contra su cosmología, cultura y vivencias, perdiendo desde un principio la autonomía a la que, como comunidad, tienen pleno derecho, debido al amedrentamiento, amenazas y actos hostiles que, incluso, los convirtieron en víctimas de destierros, secuestros y abusos que, precisamente, hoy motivan a la justicia a impartir medidas cautelares para detener el exterminio de estos pueblos indígenas del Caquetá. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenó la implementación de programas de asistencia, atención y ayuda humanitaria, los cuales deben salvaguardar su cultura con un trato que tenga como premisa el enfoque diferencial de género y la edad de los miembros de la comunidad.

El objetivo, lograr que se fortalezca su proyecto de vida mediante una atención integral, con acciones concretas que deben liderar entidades como el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Se trata de un trabajo que es previo y necesario frente al pronunciamiento que hace la justicia en su sentencia.