Víctimas de Colosó, Sucre, recuperan sus tierras después de 20 años de desplazamiento

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo entregó 96 hectáreas a doce familias campesinas que fueron víctimas de abandono forzado de tierras en el corregimiento Bajo Don Juan, municipio de Colosó, departamento de Sucre. Esto en cumplimiento de una sentencia que restableció sus derechos sobre los predios e impartió órdenes de reparación integral y medidas complementarias en su beneficio.

La entrega material y jurídica del predio atiende a un despacho comisorio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, ente que profirió la sentencia de restitución. El fallo ordena la división e individualización de 96 hectáreas en doce predios de igual extensión con el fin de garantizar el goce efectivo de las tierras a estas familias y la implementación de proyectos productivos que les posibiliten superar las condiciones de vulnerabilidad.

La Unidad apoyará a las familias restituidas en el desarrollo de iniciativas productivas de ganadería doble propósito y cultivo de marañón asociado con yuca. Los proyectos tendrán una inversión superior a los $463 millones por parte de la entidad y contarán con la asistencia técnica de profesionales del agro.

“Estamos ansiosos de volver a cultivar esta tierra. El marañón es algo nuevo para nosotros, pero estamos contentos porque sabemos que va a ser bueno para la economía, lo importante es que podamos sacar adelante nuestros proyectos, colaborándonos los unos a los otros”, indicó Abel Ruiz Cárdenas, uno de los beneficiarios.

La sentencia también indica otras medidas complementarias y con efecto reparador como la priorización a subsidios de vivienda rural y la implementación de sistemas de alivio y/o condonación de pasivos a favor de los núcleos familiares, esto en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

Según el relato de violencia descrito en la sentencia, las familias fueron adjudicatarias de las tierras mediante resolución expedida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, en 1993 y ejercieron sus labores agrícolas en comunidad a través del cultivo de yuca, maíz y tabaco.

Sin embargo, entre los años 2002 y 2004 se vieron obligados a desplazarse forzosamente a la ciudad de Sincelejo, debido al temor generado por grupos armados al margen de la ley que hacían presencia en la zona y al hallazgo de una fosa común dentro de un pozo artesanal ubicado en la parcelación. Con el tiempo perdieron la esperanza de volver y algunos vendieron sus terrenos.

La providencia que hoy renueva los proyectos de vida de estas doce familias también reconoce a un segundo ocupante y dicta compensación económica a otro de los opositores dentro del proceso. Estas decisiones judiciales permitirán brindar garantías de acceso a tierras y mejores condiciones de vida a familias que dependían de las parcelas que fueron devueltas a sus legítimos dueños.