Unidad de Restitución de Tierras radicó cuatro demandas a favor de comunidades indígenas y consejos comunitarios de Putumayo

Cuatro demandas que buscan restituir los derechos territoriales a cuatro colectividades en el departamento de Putumayo fueron radicadas ante los Juzgados Primero y Segundo del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa. Esto con el fin de atender las solicitudes interpuestas por las comunidades y ratificar el compromiso que mantiene la entidad con las víctimas del conflicto.

Se trata de acciones judiciales que representan a las comunidades indígenas Telar Luz del Amanecer del pueblo Pastos, cuyo territorio se encuentra entre Valle del Guamuez y Orito, y pretende la restitución de 482 hectáreas, así como Alto Naporuna del pueblo Kicwa, originarios del municipio de Puerto Leguízamo, que solicitan les devuelvan 20.093 hectáreas.

Los otros dos procesos corresponden a solicitudes de los consejos comunitarios Alto Piñuña - La Chirpa, cuyo territorio comprende 212 hectáreas ubicadas en el corregimiento de Piñuña Blanco en Puerto Asís, además de la de Villa del Río, que solicita 370 hectáreas localizadas en el municipio de Puerto Caicedo en el departamento de Putumayo.

Estas comunidades étnicas se encuentran en regiones altamente afectadas por el conflicto armado y durante décadas han padecido confinamiento, reclutamiento de menores, detenciones ilegales, señalamientos o amenazas que desembocaron en desplazamientos forzados paulatinos. Esto, debido a que sus territorios son zonas de especial atractivo para los grupos al margen de la ley, dada la ubicación estratégica para sus fines.

En caso de lograr un fallo favorable por parte de la justicia, 260 familias indígenas y afrocolombianas, compuestas por cerca de 1.100 personas, se verían beneficiadas con la garantía de sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad; como también con la implementación de planes de retorno y reparación colectiva, que atenderían prioritariamente daños y afectaciones a cada una de ellas. Igualmente, obtendrían titulación y formalización de sus territorios, además del acceso a subsidios de vivienda para sus comunidades, entre otras reivindicaciones.

Este es el primer gran resultado que marca el final de la etapa administrativa de cada caso. Es un logro del equipo de la territorial, que para consolidar los insumos que sirvieron de sustento en la construcción las demandas, adelantó socializaciones de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, así como las caracterizaciones de afectaciones territoriales y asambleas, en las que las autoridades de las poblaciones étnicas avalaron las pretensiones estipuladas en los documentos.