Justicia admite demanda para restituir derechos étnicos territoriales al Consejo Comunitario Mandé

Tras un extenso proceso de caracterización, diálogo social y concertación; abanderado por los líderes del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural Mandé y la Unidad de Restitución de Tierras, se logró que la justicia, a través del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en este ramo, admitiera la demanda con la que se busca restituir los derechos étnicos de estas comunidades negra que durante años han sufrido afectaciones por cuenta de la violencia, en el suroeste y occidente de Antioquia.

La pretensión jurídica, que es de carácter colectivo, busca que se restablezcan los derechos a 254 familias; que por años han sufrido daños, que van desde el confinamiento y desplazamiento forzado, hasta la amenaza y asesinato de habitantes del Consejo Comunitario, en medio de la confrontación entre actores armados que se han disputado históricamente la presencia y tránsito por ese territorio.

Con este proceso, además de las medidas de reparación integral y material que tipifica el proceso de restitución de tierras, se busca, especialmente, salvaguardar la memoria y tradiciones de la comunidad de Mandé, que se han visto diezmadas por la violencia.

El auto, emitido por el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras, contempla que mientras avanza el trámite judicial procede la suspensión de todos los procesos judiciales y administrativos que estén sobre el territorio, a excepción de los casos de extinción de dominio. 

Para la Unidad de Restitución de Tierras, la protección y garantías de restablecimiento de derechos de las comunidades étnicas es una prioridad en la búsqueda de una efectiva Paz Total.

Por esa razón, en Antioquia la Unidad de Restitución de Tierras adelantan 44 procesos de restitución colectiva en territorios, entre resguardos y consejos comunitarios, los cuales avanzan en distintas fases procesales para la reparación de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras e indígenas, que, en su conjunto, tienen la pretensión de recuperar derechos colectivos sobre 1’108.862 hectáreas de terrenos.