Giovani Yule, director general de la URT, participó en jornada de siembra de árboles liderada por la ONU en el Día de los Derechos Humanos

“Nosotros trabajaremos sin descanso para lograr que la restitución de tierras sea una oportunidad para armonizar los territorios y las comunidades que han buscado por décadas superar las consecuencias de la violencia”, así se pronunció Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, en un espacio en el que el amor por la tierra y la libertad fueron los protagonistas.

Al conmemorarse el Día de los Derechos Humanos y el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unidad destacó cómo esta política de Estado se convirtió en ejemplo mundial de reparación inédito que hasta ahora ha devuelto más de 564.075 hectáreas en favor de 84.732 personas de las cuales 38.058 son campesinos y 47.992 indígenas y que a la par enfrenta innumerables retos en el proceso de atención a las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras.

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Victimas y Restitución de Tierras prorrogada hasta 2031; contempla que el proceso tiene una etapa administrativa, otra judicial y la de cumplimiento. En la fase administrativa se recibe la solicitud, se identifica al reclamante, su núcleo familiar y el predio; luego se determinan las circunstancias de abandono o despojo; se recoge información institucional y las pruebas; y finalmente se determina si el predio puede ser o no inscrito en el Registro  de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

En la etapa judicial, la Unidad podrá ejercer la representación judicial de manera gratuita; si se presentan opositores el juez tramita el proceso hasta antes del fallo y lo remite al Tribunal Superior del Distrito Judicial.

Y en la etapa de cumplimiento, se realiza la entrega material y jurídica del predio; se entregan las compensaciones con predio equivalente o dinero cuando el juez así lo determine; inicia el cumplimiento de órdenes dadas por el juez en la sentencia. A la fecha, la justicia ha proferido 7.642 sentencias con las cuales se han resulto 13.642 solicitudes.

La política de restitución de tierras del Gobierno Nacional, permite que el beneficiario pueda retornar al campo en condiciones que garanticen su estabilidad  socioeconómica; con este propósito 6.119 familias restituidas han sido atendidas con proyectos productivos en 23 departamentos con una inversión superior a los $179.600 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, y cultivos de cacao, café,  maíz y de pancoger, entre otros.

La restitución es un derecho fundamental que transforma las vidas de quienes fueron víctimas porque además de permitirles gozar nuevamente del predio que había sido abandonado o de otro con similares características, incluye: el título de propiedad formalmente registrado; una solución o mejoramiento de vivienda; el establecimiento de un proyecto productivo; y el alivio de pasivos.