La URT ha cumplido el 43% de la meta de entrega de tierras a víctimas del conflicto armado

Durante dos días, 165 personas -entre jueces y magistrados, miembros del Gobierno Nacional y colectivos sociales- participaron en el conversatorio sobre restitución convocado por la Rama Judicial y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Los participantes reflexionaron sobre los desafíos y logros en materia de restablecimiento de derechos territoriales a grupos étnicos, campesinos y mujeres, con el fin de revisar cuáles son los temas clave entre la URT y el Consejo Superior de la Judicatura para devolver los predios y territorios a las víctimas del conflicto armado colombiano, en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Entre los hitos alcanzados, está el hecho de que la entidad ha cumplido el 43% del total de la meta de restitución de tierras a víctimas de despojo y/o abandono forzado en el país.

Paula Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad, destacó los logros para darle celeridad a los procesos, a través de la priorización de la atención a personas mayores y en condiciones de discapacidad, las medidas de atención y reparación a ocupantes de predios en restitución, el análisis de los casos con enfoque socioambiental y el trabajo que se hace actualmente para acceder a nuevas zonas, a través de la política de seguridad humana.

Para Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, entre los logros de dicha institución están “el impulso de la formación mixta, es decir, de los equipos de la rama Ejecutiva y la Judicial; la identificación de las mejores prácticas para el proceso de restitución; la implementación del procedimiento para dar cumplimiento a las órdenes; y la puesta en funcionamiento del portal de restitución de tierras, con el cual se fortaleció la radicación de la demanda electrónica”.

En 2023, la URT invirtió más de 200 mil millones de pesos para llevar a cabo el cumplimiento de las órdenes de restitución, enfocadas en la puesta en marcha de proyectos productivos, compensaciones a reclamantes de tierras y segundos ocupantes y la entrega material de los predios.

El trabajo mancomunado entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad ha tenido resultados significativos, como la creación de cinco juzgados, dedicados exclusivamente a atender los procesos de grupos étnicos.

“Es la primera vez que en Colombia tenemos jueces dedicados a trabajar y a resolver asuntos étnicos. Con la creación de estos cinco despachos judiciales, vamos a lograr que las 10 millones de hectáreas que tenemos actualmente en sede judicial cuenten con sentencia. Esa es una de las medidas de descongestión que hemos establecido con el Consejo Superior de la Judicatura”, explicó la directora jurídica de la URT.

Entretanto, Lilia María Rodríguez, viceministra (e) de Desarrollo Rural, destacó las acciones que se adelantan desde el Ministerio de Agricultura para restituir a las víctimas, como la compra de tierras al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (PRISCO) y al Fondo de Víctimas, para que pasen a manos de los campesinos.

“Además, tenemos alianzas con la URT para restituir a las víctimas de manera temprana con la compra de predios”, puntualizó Rodríguez.

Durante el Gobierno del Cambio, la entidad ha cumplido con el 43% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, en relación con las entregas materiales. Esta no es una cifra menor, teniendo en cuenta que “el problema de desigualdad es un problema presente en el país y está basado en las tierras”, según Gabriel Bustamante, subdirector general de la URT.

Además, con una inversión de 33.000 millones de pesos, la Unidad ha logrado implementar el proyecto de seguridad alimentaria en 13 territorios en los que se ha impactado a más de 11.000 familias. Aunque los retos son grandes, señaló Paula Villa, “venimos haciendo nuestro trabajo con integralidad”.