De 11 millones de hectáreas solicitadas en restitución, en 13 años de gestión, el 50% corresponde al Gobierno del Cambio

Con 69 años, Héctor Julio Sáenz se reconoce a sí mismo como un habitante rural, campesino y, sobre todo, un soñador. Él, después de trabajar en proyectos ajenos y cuando sus tres hijos ya habían formado sus propias familias, compró en 2004 La Toma, una fanegada de tierra en la vereda La Ruidosa, Viotá, Cundinamarca. Allí inició su propio proyecto piscícola, gracias a un préstamo del Banco Agrario.

Cinco años después, guerrilleros del frente 42 de las Farc-Ep, le robaron su capital y lo obligaron a abandonar la región. Despojado de su predio y de su proyecto de vida fue desplazado, con las manos vacías, sobreviviendo en Bogotá y Girardot, en múltiples oficios, sobre todo de atención al público y hostelería.

Tras años de trasegar en Bogotá y ver pocas oportunidades de progreso, decidió acercarse a la Unidad de Restitución de Tierras, un proceso con el que logró ser reconocido como víctima y recuperar la tierra de la que fue desplazado. 

Una vez volvió a respirar y vivir en su predio, Héctor complementó los estanques de cría de peces con la posibilidad de ofrecer una experiencia campestre y así nació el Glamping Tres Piedras, una posada campestre para el disfrute familiar.

Este beneficiario de la restitución se ha convertido en un símbolo de lucha y superación para la comunidad. Con cada huésped que lo visita comparte su pasión por la vida rural y la importancia de valorar y preservar el entorno natural.

La historia de Héctor es la misma que comparten miles de personas a quienes se les han recorrido sus derechos sobre tierras y territorios tras los procesos de restitución de tierras en 13 años de gestión, que deja en manos de campesinos y comunidades étnicas 662.401 hectáreas restituidas o compensadas.

Un camino que la entidad ha recorrido en medio del conflicto, en la falta de acceso a zonas por alteraciones de orden público o los tiempos que se han tomado para lograr determinar la dimensión del desplazamiento y el despojo de tierras en Colombia.

Con el fin de contrarrestar los obstáculos presentados y lograr centrar el proceso en los derechos territoriales de las víctimas, por encima de intereses políticos y económicos se ha dedicado a transformar la institución y buscar el respaldo de distintos sectores para impulsar la restitución.

13 años con la esperanza viva

En su recorrido, armonizando tierras y territorios, la URT busca que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y desarrollando proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios de la restitución como Sáenz, en Viotá.

Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se le negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y hoy los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios y se pasó de negar, en anteriores gobiernos el 65% de solicitudes, a aprobar en el actual Gobierno, el 72%”, señaló el director Yule.

Igualmente, en este Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas, y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de los años de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el Gobierno del Cambio se corrigió. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.

Entre los logros alcanzados la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”, reformar la Ley 1448 de 2011 reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.

El camino administrativo

El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que $5.739.707 son reclamadas a jueces y magistrados. 103.153 corresponden a ruta individual y 5.636.554 a ruta colectiva.

Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.
Etapa judicial

En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5.224 solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia 5.095.194, las cuales favorecen a 58.508.

La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de 8 juzgados especializados en restitución de tierras.  Por primera vez, se cuenta con 5 juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en: Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).
Etapa posfallo

En trabajo adelantado en el Gobierno del Cambio los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido 1.692 de las cuales 7 son étnicas, que ordenan la restitución de 98.241. En la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han proferido 9.199 sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva, para un total de 662.401 hectáreas restituidas.

Se logró la entrega material y por compensaciones de 47.217 hectáreas a 1.716 personas reconocidas en fallos de restitución.

En este Gobierno y por primera vez en la historia de la restitución de tierras se implementó el componente de seguridad alimentaria que atendió a 13 comunidades étnicas favoreciendo a 11.754 personas. Esto significó una inversión de 33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.

1.165 proyectos productivos con una inversión de $50.300 millones en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrollaron en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.
El director Yule señaló que “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43% que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o segundos ocupantes reconocidos en fallos”.