En defensa de la Línea Negra y de los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través de la estrategia SaNaciones, expresa su rechazo enfático a la decisión adoptada el 12 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, que anula el Decreto 1500 de 2018, mediante el cual se reconocía jurídicamente la Línea Negra como límite espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, así como 348 sitios sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta determinación representa un grave retroceso en la garantía de los derechos territoriales, espirituales y culturales de los pueblos indígenas y, de igual manera, vulnera el principio de progresividad de sus derechos colectivos.

La Línea Negra no constituye una simple delimitación administrativa: es una cartografía sagrada que ordena la vida espiritual, cultural y territorial de estos pueblos desde tiempos ancestrales, sustentada en su ley de origen, su memoria viva y su relación histórica con el territorio. Los lugares sagrados que la conforman son auténticos cultos de la memoria ancestral, espacios donde se transmite el conocimiento, se resguarda la historia espiritual de los pueblos y se mantiene el equilibrio de la vida. Su legitimidad no emana de un decreto, sino de una tradición milenaria que el Estado está obligado a reconocer y proteger.

La nulidad del Decreto 1500 expone estos sitios a mayores riesgos de intervención, fragmentación y afectación, atentando contra la integridad territorial, cultural y espiritual de los pueblos de la Sierra Nevada, así como contra el equilibrio de la Madre Tierra. El CNMH rechaza cualquier decisión que implique revictimización, desprotección o menoscabo de la dignidad de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos.

La defensa del territorio es también una defensa de la memoria. La Línea Negra seguirá existiendo como expresión viva de la historia, la espiritualidad y la resistencia de estos pueblos, más allá de cualquier decisión judicial. Reafirmamos nuestro compromiso institucional con la verdad, la dignidad y la protección irrestricta de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.