Carlos Gónima López: el abogado de la vida que la intolerancia silenció

En la Medellín de finales de los años 80, frente al estruendo de la violencia, la figura de Carlos Gónima López sobresalió por su coherencia jurídica y política. Este abogado de la Universidad de Antioquia no solo vistió la toga para los tribunales: la vistió para defender la existencia misma de una alternativa política. Como abogado, brindó acompañamiento y asesoría legal a diversas organizaciones sindicales y populares, vinculando la lucha laboral con la plataforma política de la UP; además, fue un miembro clave del Partido Comunista Colombiano (PCC) y uno de los principales promotores y organizadores de la Unión Patriótica en Antioquia, especialmente en Medellín.

Gónima López no fue un dirigente de escritorio; su trayectoria, documentada en los archivos de la memoria sindical y estudiantil, lo sitúa como un estratega de la organización popular. Desde sus días en la Juventud Comunista (JUCO), entendió que la defensa de los derechos humanos era indisoluble de la participación política. Como personero auxiliar de Medellín, Carlos Gónima transformó su oficina en un refugio para las denuncias por persecución que asolaban a Antioquia y su trabajo desde la UP buscaba la «apertura democrática», un proceso que quería ampliar la participación política a sectores que tradicionalmente habían sido excluidos o perseguidos; sin embargo, en 1988 esto era considerado una sentencia de muerte para muchos.

Carlos Gónima asumió la presidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Antioquia, tras el asesinato de Luis Fernando Vélez; conocedor del riesgo que corría, priorizó su compromiso con las víctimas de la naciente «guerra sucia» de manera innegociable. Desde allí, coordinó la documentación de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, labores que hoy son piezas clave en el proceso de justicia transicional.

El 22 de febrero de 1988, fue atacado por sicarios mientras ejercía sus labores oficiales en la ciudad. Su asesinato se produjo meses después de haber asumido la presidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, tras el asesinato de su predecesor, Luis Fernando Vélez. El caso de Gónima López es hoy uno de los pilares que sustentan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la UP, donde se reconoce que el Estado falló en proteger a sus líderes.

Hoy, desde el CNMH, reivindicamos su nombre no solo como una víctima, sino como el intelectual y jurista que soñó con una Medellín donde el pensamiento diferente no costara la vida. Su archivo es la prueba de que, aunque intentaron borrar a una generación, su trabajo permanece en la estructura misma de la lucha por los derechos humanos en Colombia.