Desde la memoria histórica: rechazamos la masacre en Titiribí y llamamos a proteger la vida en Antioquia

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) expresamos nuestro profundo rechazo frente al asesinato de tres personas ocurrido el 25 de febrero de 2026 en zona rural del municipio de Titiribí, en el suroeste antioqueño.

Este hecho, que enluta a familias y comunidades campesinas, constituye una grave vulneración del derecho a la vida y una nueva herida en un territorio que históricamente ha sufrido los impactos del conflicto armado y de otras formas de violencia organizada.

Según las autoridades, el triple homicidio podría estar vinculado a disputas entre estructuras criminales que operan en la región, en particular entre los grupos La Miel y San Pablo, que se disputan el control territorial y los corredores de rentas ilegales y microtráfico en el suroeste antioqueño.

Dos de las víctimas identificadas son Nicolás Caro Ángel —al parecer conocido en la zona por su trabajo con mulas de silla— y Juan Stiven Zapata Guzmán; un tercer hombre aún no ha sido plenamente identificado.

Este hecho se produce en medio de una ola de violencia en Antioquia durante 2026, con múltiples homicidios y masacres que afectan especialmente a zonas rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la comunidad de la vereda Sabaleta, que hoy enfrenta no solo el dolor por lo ocurrido, sino también el miedo y la incertidumbre que dejan estos hechos en la vida cotidiana.

Antioquia: memorias de una violencia persistente

Las investigaciones desarrolladas por el CNMH han documentado cómo Antioquia —tanto en sus zonas urbanas como rurales— ha sido escenario de disputas armadas, economías ilegales, control territorial y múltiples afectaciones a la población civil.

En el informe Medellín: memorias de una guerra urbana, el CNMH evidenció cómo la violencia no fue un fenómeno exclusivamente rural: Medellín vivió una guerra urbana prolongada que impactó profundamente a sus habitantes, transformó dinámicas barriales y dejó miles de víctimas directas e indirectas. Este estudio mostró que la violencia fragmenta el tejido social, instala el miedo en la vida cotidiana y normaliza la muerte como forma de resolución de conflictos.

Por su parte, la investigación Jaūriperabu: la enfermedad del susto profundiza en los impactos culturales, espirituales y comunitarios que dejan las violencias prolongadas en territorios de Antioquia y regiones vecinas. El concepto de jaūriperabu —la enfermedad del susto— permite comprender que el daño no se limita a la pérdida de vidas, sino que atraviesa cuerpos, memorias y relaciones colectivas, afectando el equilibrio comunitario y generando huellas que perduran en el tiempo.

Estos hallazgos nos recuerdan que cada nuevo hecho violento no es un evento aislado: se inscribe en trayectorias históricas de conflictividad que requieren atención estructural, verdad, justicia y garantías de no repetición.

Un llamado por la vida y el respeto a las comunidades

Desde el CNMH reiteramos que la protección de la población civil debe ser un principio irrenunciable. Las comunidades rurales no pueden seguir siendo escenarios de disputas armadas ni quedar atrapadas en lógicas de control ilegal que ponen en riesgo su vida y dignidad.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten investigaciones rigurosas, transparentes y oportunas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La justicia es una condición fundamental para la reparación y para la reconstrucción de la confianza en los territorios.

Asimismo, invitamos a la sociedad colombiana a no naturalizar estos hechos. La memoria histórica nos ha enseñado que el silencio y la indiferencia contribuyen a la repetición de la violencia. Recordar, documentar y reconocer a las víctimas es también una forma de defender la vida.

Memoria como compromiso con la no repetición

Como entidad encargada de contribuir al esclarecimiento y a la dignificación de las víctimas, el CNMH reafirma su compromiso con el acompañamiento a los procesos de memoria en Antioquia y en todo el país.

Cada vida perdida es una ruptura en la historia familiar y comunitaria. Cada acto de violencia interpela nuestra responsabilidad colectiva de construir un país donde las diferencias no se resuelvan con armas.

Hoy, desde la memoria, alzamos la voz por Titiribí.
Por las víctimas.
Por sus familias.
Por el derecho de las comunidades a vivir sin miedo.