COMUNICADO CONJUNTO - Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y Ministerio de Justicia y del Derecho

• En su última sesión ordinaria, la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP presentó los avances alcanzados y definió las prioridades que deberán orientar la continuidad de este trabajo.

• Esta articulación permitió asegurar $20.000 millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos que hacen parte de las Sanciones Propias impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad.

• Más de 40 mesas técnicas permitieron avanzar en el alistamiento de los proyectos,

identificar sus necesidades presupuestales y definir las condiciones para su ejecución.

• El próximo Gobierno recibirá una ruta en marcha y resultados verificables. Dar

continuidad a este trabajo será determinante para brindar seguridad jurídica a los 

comparecientes, cumplir las sentencias y proteger los derechos de las víctimas.

Bogotá, 24 de julio de 2026. Más de $20.000 millones para financiar los primeros

proyectos restaurativos que hacen parte de las Sanciones Propias impuestas a 19

comparecientes que reconocieron responsabilidad; una ruta de coordinación técnica

entre la JEP y las entidades del Estado, y condiciones institucionales y operativas

para ejecutar las sentencias del Tribunal para la Paz son algunos de los principales

resultados de la Instancia de Articulación.

Este mecanismo, conformado por la JEP y el Gobierno Nacional, coordina las

condiciones técnicas, financieras e institucionales necesarias para cumplir las

condenas impuestas por la Jurisdicción. Su trabajo incide en la implementación de

las primeras sentencias del Caso 01, sobre secuestros cometidos por las antiguas

Farc-EP, y del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que aborda asesinatos y

desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Durante la décima sesión ordinaria de la Instancia de Articulación, realizada el 16

de julio en Bogotá, se revisaron los avances y se definieron las prioridades que

deberán orientar el trabajo con el próximo Gobierno. El propósito es dar continuidad

a los resultados obtenidos y asegurar las condiciones necesarias para cumplir las

sentencias y, con ello, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y

garantizarlos derechos de las víctimas mediante la ejecución efectiva de las condenas

impuestas a los responsables de graves crímenes.

Recursos para financiar las primeras Sanciones Propias

La articulación entre la JEP y el Gobierno Nacional permitió asegurar $20.000

millones de los $50.000 millones destinados por el Ejecutivo para financiar la

implementación de las primeras Sanciones Propias. Los recursos serán canalizados

mediante la subcuenta Acciones y Prácticas Restaurativas del Fondo Colombia en

Paz.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de liderar

esta subcuenta, adelantó más de 40 mesas técnicas para preparar los proyectos

ordenados en las sentencias. Este proceso ya supera el 80 % de avance e incluye la

identificación de necesidades presupuestales, la revisión de los anexos técnicos y la definición de las condiciones requeridas para su ejecución.

Asimismo, como resultado de la Ruta de Coordinación implementada por la Instancia en 2026, se priorizaron nueve proyectos restaurativos en el subcaso Costa Caribe, que ya tiene sentencia, así como en el Subcaso Norte de Santander del Caso 03 y en el Caso Conjunto 03/04 de Dabeiba, Antioquia, ambos en etapa de juicio. El trabajo permitió identificar las entidades responsables, los recursos requeridos y las 

capacidades que se deberán garantizar para su ejecución.

Una arquitectura institucional para que las sentencias se cumplan

La Instancia de Articulación ayudó a construir una arquitectura institucional y

normativa que conecta las decisiones judiciales de la JEP con las capacidades y

obligaciones de las entidades responsables de hacerlas realidad en los territorios.

Los Acuerdos Internos 001 y 002 de 2025 fortalecieron la gobernanza de la Instancia,

formalizaron la Ruta de Coordinación y establecieron herramientas para organizar

el trabajo entre la Jurisdicción y el Gobierno Nacional.

A este desarrollo normativo se sumó el Decreto 652 del 26 de junio de 2026, que

definió las condiciones de seguridad, salud, protección social, transporte,

alimentación y habitabilidad necesarias para el cumplimiento de las SancionesPropias.

La norma también asignó responsabilidades a las entidades encargadas de

garantizar estas condiciones durante la ejecución de los proyectos restaurativos.

Esta arquitectura debe mantenerse y fortalecerse. De cara al cambio de Gobierno,

será necesario prever las disposiciones pertinentes sobre la Instancia en el Plan

Nacional de Desarrollo, avanzar en la expedición del decreto que reglamentará la

Instancia de Articulación y crear un rubro específico en el Presupuesto General de

la Nación, con el propósito de establecer una fuente estable de financiación para la

implementación de las Sanciones Propias.

Una responsabilidad de Estado que debe continuar

Las entidades que integran la Instancia coincidieron en que el cumplimiento de las

sentencias de la JEP exige preservar y fortalecer la institucionalidad creada para

implementar el Acuerdo Final de Paz. Esto implica dar continuidad a la Instancia de

Articulación, a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) y a las

capacidades técnicas, financieras y operativas construidas para ejecutar las

Sanciones Propias.

El país ya cuenta con reglas, proyectos priorizados, capacidades instaladas y

alianzas institucionales. El próximo Gobierno recibirá una ruta en marcha y

resultados verificables. Preservar esta estructura institucional será fundamental

para materializar las sanciones, cumplir los compromisos constitucionales e

internacionales del Estado y garantizar los derechos de las víctimas y de los

firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Sin financiación estable, capacidad operativa y coordinación institucional, los

proyectos restaurativos no podrán ejecutarse en las condiciones ordenadas por la

justicia. Esto aplazaría las respuestas que las víctimas han esperado durante décadas frente a los daños sufridos y debilitaría sus derechos a la reparación y a la no repetición.

“Es un compromiso de Estado, no de Gobierno”, afirmó el presidente de la JEP,

magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, durante la reunión. Por su parte, Juan David

Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, destacó que la

Instancia “evolucionó de un mecanismo de coordinación a una verdadera

herramienta de trabajo que queda para el próximo Gobierno”. Finalmente, Nadia

Gabriela Triviño, asesora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz,

resaltó que el “éxito de la implementación de las Sanciones Propias depende de la

implementación integral del Acuerdo de Paz como garantía de no repetición".

Las entidades hicieron un llamado a preservar las capacidades, los acuerdos y los

mecanismos de coordinación construidos entre el Gobierno Nacional y la JEP para

que las decisiones judiciales puedan traducirse en acciones restaurativas concretas

en los territorios más afectados por el conflicto armado.