CONPES 4180 de 2025: una política pública para avanzar hacia soluciones duraderas para la población víctima de desplazamiento forzado
Posterior a la expedición del CONPES 4180 en el mes de diciembre de 2025, el Departamento Nacional de Planeación —DNP— ha avanzado de manera decidida en la socialización territorial de esta política pública orientada a fortalecer la respuesta institucional para la población víctima de desplazamiento forzado y contribuir a la superación de la situación de vulnerabilidad y la construcción de soluciones duraderas en los territorios.
Este proceso inició en la ciudad de Bogotá, el pasado 17 de febrero de 2026, y continuó en diferentes ciudades del país. Estos espacios han permitido presentar los principales elementos de la política, entre ellos su plan de acción, objetivos, mecanismos de seguimiento y fuentes de financiación
Las jornadas contaron con una amplia participación de víctimas, representantes de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, entidades nacionales y autoridades territoriales, lo que ha permitido fortalecer el diálogo sobre los retos y oportunidades para avanzar en la garantía de derechos de la población desplazada en el marco del conflicto armado.
Socialización en los territorios
A la fecha, el proceso de socialización ha llegado a los siguientes territorios priorizados por parte de las entidades responsables de coordinar acciones para su implementación: Santa Marta, Sincelejo, Armenia, Barranquilla, Medellín, Florencia, Tumaco, Cali, Buenaventura, Cúcuta, Quibdó, Bucaramanga y Cartagena.
Estos encuentros han sido espacios importantes para acercar la política pública a las comunidades, resolver sus inquietudes, recoger observaciones y promover una mayor apropiación institucional y territorial de los instrumentos definidos en el CONPES 4180 de 2025.
La socialización en territorio también ha permitido reconocer la importancia de que las víctimas y sus organizaciones conozcan los compromisos institucionales derivados de esta política pública, participen en su seguimiento y, cuenten con información clara sobre las acciones previstas para avanzar hacia la estabilización socioeconómica de la poblacion a la que está dirigida.
Articulación institucional para fortalecer la implementación
Complementariamente, el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social —DPS—, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR— y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —UARIV—han fortalecido sucoordinación como como pilar para la implementación del CONPES 4180 durante todas las fases de implementación empezando por las fases de socialización y aprestamiento. contribuyendo de esta forma a lala identificación de acciones necesarias para que la política pueda materializarse de manera efectiva en el territorio.
Avances para ordenar la respuesta del Estado
Durante el primer semestre de 2026 se registraron avances en acciones habilitantes clave para la implementación del CONPES 4180. Entre ellas se destacan la adopción del modelo único de focalización territorial, el avance en la estructuración de las Estrategias Integrales de Intervención Territorial —EIIT—, la instalación de la Mesa Estadística y el desarrollo de una ruta nacional para la generación de ingresos.
Uno de los avances más relevantes ha sido la consolidación conceptual y operativa de las EIIT, entendidas no como un plan o instrumento adicional, sino como una estrategia estructurante de gobernanza multinivel. Esto significa que buscan ordenar y coordinar mejor la acción de las entidades nacionales y territoriales, de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada territorio.
Priorización territorial y enfoque diferencial en la respuesta institucional
Como parte de este proceso, se avanzó en la definición técnica del uso del Índice General de Priorización de Soluciones Duraderas —IGPSD—, a partir de ocho tipologías territoriales y de la focalización prioritaria de 275 municipios que concentran aproximadamente el 80 % de la población desplazada.
Esta priorización busca orientar la intervención del Estado de manera más precisa, reconociendo que no todos los territorios enfrentan las mismas condiciones ni cuentan con las mismas capacidades institucionales. Por ello, el CONPES propone una respuesta diferenciada, que permita concentrar esfuerzos donde se presentan mayores necesidades.
Asimismo, se ha trabajado en una ruta acelerada para la expedición de un decreto que formalice las EIIT y permita avanzar en acciones de mejora en el sistema de corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad con el propósito de armonizar la planeación nacional y territorial bajo el marco del CONPES de Soluciones Duraderas.
Menos duplicidades y mejor información para la toma de decisiones
En el componente metodológico, se instalaron cuatro mesas técnicas orientadas a racionalizar instrumentos como el RUCIST, los Planes de Acción Territorial —PAT—, SIGOPAT y PAFI, entre otros. El objetivo es evitar duplicidades en el reporte de información y facilitar una respuesta institucional más clara y coordinada.
Entre los principales hitos se destacan: la propuesta de una Ficha Única Municipal para coordinar la oferta institucional, el diseño de hojas de ruta por catalizadores —como vivienda, hábitat y generación de ingresos— y la articulación con la Mesa Estadística Nacional liderada por el DANE, con el fin de avanzar en la estandarización de la medición de soluciones duraderas.
Estos avances son fundamentales para que las entidades vinculadas a la implementación del CONPES 4180, cuenten con información más organizada, comparable y útil para la toma de decisiones, y para que las víctimas puedan hacer seguimiento a los compromisos establecidos.
Retos para avanzar hacia la implementación efectiva
Aunque durante el primer semestre de 2026 se lograron avances importantes en relación con los arreglos y adecuaciones institucionales el diseño, socialización y ajuste metodológico, el principal reto consiste ahora en pasar a una etapa de implementación efectiva y articulada en el territorio.
Esto implica dar continuidad al proceso de fortalecimiento de la coordinación entre entidades, mejorar las capacidades institucionales, garantizar una adecuada capacitación de servidores públicos y contratistas, y asegurar que las comunidades reciban información clara, oportuna y pertinente sobre la política pública.
Para las víctimas del conflicto armado, este proceso representa una oportunidad para conocer los instrumentos definidos por el Estado, participar en los espacios de seguimiento y exigir que las acciones previstas contribuyan de manera real a la estabilización socioeconómica y al goce efectivo de sus derechos.
