Sesión técnica de seguimiento a sentencia por desplazamiento forzado

Dando cumplimiento al seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, la cual fue proferida por la Corte Constitucional, quien declaró la existencia de un “Estado de Cosas Inconstitucionales” en materia de desplazamiento forzado, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de la sesión técnica, en la cual relató el trabajo que la entidad ha venido realizando con las comunidades afectadas por este flagelo.

“Buscamos la articulación y principalmente en seis departamentos, el seguimiento a los enfoques étnicos, los enfoques afros, en atención, asistencia y procesos de retornos y reubicaciones es lo que quiere la Corte conocer hoy. Venimos a contarle qué se ha hecho en estas comunidades que están en estos seis departamentos y que han venido siendo atendidas por parte de la Unidad en cada uno de estos componentes”, explicó el funcionario.

Durante la reunión, en la que se analizó la situación humanitaria y de riesgo en que se encuentra la población en las regiones del Pacífico (Costa y frontera nariñense, norte del Cauca, Buenaventura y Chocó) y el oriente colombiano (Meta y Guaviare), la Unidad para las Víctimas estableció que han sido identificadas entre enero de 2018 y julio de 2019 un total de 72 emergencias humanitarias; 49 de ellas corresponden a desplazamientos masivos y 23 a confinamientos, producto de la delicada situación de orden público en estos territorios.

Durante este período la entidad efectuó apoyo subsidiario a entidades territoriales en componentes de alimentación y alojamiento temporal por un valor cercano a los cinco mil millones de pesos. Sumado a esto, se atendieron 6.802 hogares correspondientes a un 80 por ciento de población étnica.

La Unidad para las Víctimas ha trabajado de manera permanente en el restablecimiento de derechos de las comunidades étnicas y no étnicas en el llamado Corredor Pacífico. Juan Orlando Pantoja Cuero, representante de la población desplazada del Pacífico Medio (Subregión del Pacífico caucano), señaló algunos de los factores de riesgo que dificultan las acciones del Estado en estas zonas del país: “Lo que de  alguna manera genera es un tema de mayores riesgos para el ejercicio propio como grupo étnico, lo que implica que nosotros en gran parte de las ocasiones nos movilizamos por el territorio para que la gente eleve el perfil de inclusión en la defensa de derechos, pero cuando están los actores armados las condiciones cambian porque las comunidades se encuentran imposibilitadas en altas proporciones para poder reunirse y de alguna manera cumplir el papel de Gobierno y autoridad propia”.

En Chocó, la Unidad apoyó a familias retornadas a los resguardos Catru, Dubaza y Ancozo, con fortalecimiento agropecuario; en Valle del Cauca se realizó la entrega de materiales para la construcción de la casa ceremonial de la comunidad indígena de chachajo, en el resguardo Chamapuro.

En los departamentos de Meta y Guaviare la entidad brindó acompañamiento al pueblo jiw con la atención de 826 hogares con entregas que superan los 2.700 millones de pesos. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez aseguró que, “la entidad sigue trabajando para la atención si se llegan a presentar las emergencias humanitarias, pero sabemos de los avances que han tenido en San José del Guaviare y especialmente en esa zona limítrofe entre Meta y Guaviare y queremos propiciar los procesos de retornos”.

Durante la sesión técnica la Defensoría del Pueblo pidió más recursos para la Unidad para las Víctimas para poder atender estas emergencias. “Si no le colocamos los recursos a las víctimas va a ser muy difícil poderles cumplir, por eso el seis de agosto el contralor, procurador y el defensor le presentara al Gobierno Nacional unas recomendaciones para poderles cumplir a las víctimas, y si no le cumplimos a las víctimas este país va a continuar sin paz”, expresó Carlos Negret, defensor del Pueblo.

La Unidad para las Víctimas continúa con su papel de principal actor humanitario en el país, garantizando el derecho de retorno y reubicación de todas las víctimas afectadas por el conflicto armado colombiano.

Esta sesión técnica contó con la presencia de siete líderes de estas comunidades; tres de la región del Pacífico Norte, dos líderes de la región del Pacífico Medio, un representante de la región del Pacífico Sur y un representante del pueblo jiw.