Restitución de tierras, política de Estado que transformó la vida a más 1.150 cordobeses en los últimos 4 años

Desde hace 11 años, Colombia inició un proceso para reparar integralmente a las víctimas de la violencia, a través de la Ley 1448 de 2011. Con ella nació la Unidad de Restitución de Tierras, que durante más de una década ha velado para que los colombianos afectados por despojo y abandono forzoso de sus predios vuelvan a ellos.

Es por eso que como un ejemplo de voluntad política, la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue prorrogada hasta el 2031 por el presidente Iván Duque con la sanción de la Ley 2078 de 2021, reafirmando así que durante el actual Gobierno, este proceso se ha consolidado como política pública que no solo pretende restituir las tierras, sino que le ha apostado al fortalecimiento económico de las familias beneficiarias con la implementación de  proyectos productivos sostenibles .

En el departamento de Córdoba, desde el 2011, la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, ha contribuido a que más de 4.600 víctimas de la violencia regresen a sus tierras. Son alrededor de 13 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Montería, Valencia, Tierralta, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Ayapel, Moñitos, Canalete y Chinú, las que han sido restituidas mediante sentencias judiciales proferidas por despachos especializados en restitución de tierras.

“En los últimos cuatro años, en Córdoba, se han entregado  a 150 familias restituidas más de $4.750 millones para la puesta en marcha de iniciativas productivas de ganadería bovina, bufalina, apicultura, hortalizas, porcicultura, entre otros, lo que ha permitido también, la suscripción de 80 contratos de comercialización de sus productos o ‘Frutos de la  Restitución’ a través de la estrategia Agricultura por Contrato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”,  aseguró Dina Luz Montalvo, Directora Territorial en Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

En temas relacionados con nuevas intervenciones en zonas de difícil acceso por condiciones de seguridad, se destaca que, durante este Gobierno, con la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, se logró el aval y respaldo de la Fuerza Pública para la microfocalización de algunas veredas y corregimientos de los municipios Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, ubicados en la subregión del Sur de Córdoba.

Asimismo, por medio del Programa de Acceso Especial a tierras para las Mujeres, en los últimos cuatro años, 108 campesinas han sido reconocidas como titulares de sus predios, beneficiándose en total 575 mujeres miembros de los núcleos familiares del proceso de restitución en esta región.

Comunidades étnicas, una prioridad

En este Gobierno, la restitución de las comunidades étnicas fue histórica, en el país se presentaron el 84% de las acciones judiciales en favor de grupos étnicos ubicados en todo el territorio nacional. Puntualmente en Córdoba, se encuentra cursando la etapa judicial, la demanda que busca proteger los derechos territoriales del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, cuyo territorio se encuentra ubicado en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, esperando beneficiar a más de 440 familias.

En lo que va corrido del 2022, se ha avanzado en la caracterización de afectaciones territoriales del Cabildo Zenú Aguas Frías de Puerto Libertador, Resguardo Embera Katío del Alto Sinú de Tierralta y Resguardo Embera Katío del Alto San Jorge – Quebrada Cañaveral y Dochama, territorio perteneciente a los municipios de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. En estos casos, la Unidad de Restitución de Tierras ejercerá la representación de las comunidades étnicas para la presentación de demandas que busquen proteger los derechos territoriales de más de 1.472 familias sobre 17.876 hectáreas.

Asímismo, se destacan los estudios preliminares adoptados para la comunidad indígena del Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento en Tuchín y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré en San José de Uré.

Demandas electrónicas

Como un gran avance en el buen uso de las tecnologías para la simplificación de trámites y agilidad en la presentación de las solicitudes de restitución ante los despachos judiciales especializados en restitución de tierras, la entidad inició la implementación de las demandas electrónicas, lo que permitió que en Córdoba se radicaran 647 demandas de este tipo desde el 2020, logrando economizar en promedio cuatro horas en el proceso de radicación de cada demanda ante la justicia, tener más privacidad, trazabilidad, seguridad en el manejo de la información, así como también ahorro en transporte y papel.

Donde hay restitución, hay transformación de vida

Como referentes de restitución, resiliencia, asociatividad y emprendimiento rural se encuentran las parcelaciones emblemáticas de Cedro Cocido y Santa Paula, poblaciones ubicadas en el corregimiento de Leticia, Montería, que luego de ser restituidos, conformaron tres asociaciones de productores agropecuarios con las que comercializan leche cruda refrigerada y distintos productos a varias zonas del departamento.

De la misma manera están los beneficiarios de El Tesoro, del corregimiento de Palmira en Tierralta, quienes conformaron la Asociación de Parceleros Retornantes de El Tesoro, Asodepart y con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, entidades aliadas y organismos de cooperación, construyeron su propio centro de acopio lechero y corral comunitario, donde en la actualidad venden su leche y terneros de levante a empresas de la región como Subastar S.A.

Retos de la restitución en Córdoba

Entre los retos trazados para los próximos años, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, expresó que estos se encuentran relacionados con la seguridad, tanto en las zonas restituidas como en las recientemente microfocalizadas y las que hacen falta por intervenir en el Sur de Córdoba, ya que resulta ser fundamental para avanzar en el proceso y a su vez es la garantía de no repetición para que las personas vuelvan a sus predios con condiciones de seguridad y el acompañamiento de la Fuerza Pública.

Como segundo reto está el de garantizar el presupuesto para el cumplimiento de las órdenes contenidas en las sentencias de restitución, tales como compensaciones, alivios de pasivos, atención a segundos ocupantes, entre otras.

Finalmente Castro destacó como otro de los desafíos, la necesidad de lograr mayor articulación institucional para el cumplimiento de las órdenes judiciales con el fin de reparar a las familias restituidas de manera integral.